Cajamarca: una historia de luchas ganadas pero líderes ambientales desprotegidos

POR JUAN ZULETA VALENCIA

• Los habitantes del municipio de Cajamarca, Tolima, en Colombia, le dijeron no a la que sería la segunda mina de oro a cielo abierto más grande del mundo. Hoy tienen miedo de que esa decisión no se respete.
• Los líderes que promovieron la consulta popular con la que se prohibió la minería a gran escala en el municipio siguen siendo amenazados. Algunos de sus compañeros han sido asesinados.

A Jimmy se le ilumina la cara cuando recuerda a César. El que nació para convocar personas, el que se deleitaba como un niño adornando carros en los carnavales y cuyo rostro está plasmado en la agitada plaza de mercado del municipio de Cajamarca, en el departamento de Tolima. Su legado figura inscrito en letras de bronce en el parque principal, bajo la escultura de un campesino que blande un azadón —herramienta usada en agricultura— sobre una sábana de verduras y frutas.

Jimmy tiene una mirada nostálgica, pero una sonrisa presta para premiar inmediatamente cualquier ocurrencia que escucha. En su mano parece tener amarrados un cuaderno y su celular. Y mientras atiende en su negocio agrícola a la entrada del pueblo, señala con desdén una carpeta en la que hay evidencias de que su vida está en constante riesgo. Sin embargo, dice que no le sirve para nada más que recordar que el Estado nunca lo defenderá.

Jimmy Fernando Torres y Pedro César García fueron los primeros en alzar sus voces hace 12 años contra las pretensiones de la multinacional minera AngloGold Ashanti de extraer oro en la mina La Colosa, en Cajamarca, fundamental despensa agrícola colombiana. El “Loco”, como le decían a César, fue asesinado el 2 de noviembre de 2013 frente a sus hijos y esposa mientras caminaban por una trocha hacia su casa. Aunque su voz se apagó, su mensaje se diseminó entre la población local y trascendió fronteras hasta llegar a países lejanos de Europa para, finalmente, lograr un hito fundamental en el marco de la defensa del territorio: frenar el proyecto minero en La Colosa.

Fue un triunfo parcial, según Jimmy y los líderes ambientales de la región, pues hoy no solo sigue latente la posibilidad de que la multinacional reactive su proyecto extractivo, sino que el panorama se torna adverso para quienes se oponen a esta y otras intervenciones mineras en diversos municipios. Amenazas, asesinatos, indiferencia estatal y presiones desde varios frentes, configuran el diario vivir de los ambientalistas de esta región y del resto del país.

Cajamarca, un grito

El domingo 26 de marzo de 2017, Cajamarca, un pueblito enclavado entre montañas tolimenses en la Cordillera Central de los Andes, se convirtió en noticia mundial cuando 6166 personas, es decir, el 97 % de los votantes, decidieron, mediante una consulta popular, que AngloGold no podía extraer el oro de las entrañas del municipio.

La historia de cómo un pueblo venció a la segunda multinacional más poderosa del mundo en extracción aurífera comenzó en 2007, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe anunció que, en Cajamarca, AngloGold había hallado una de las diez minas de oro más grandes del planeta. Se pensaba entonces que la extracción a cielo abierto beneficiaría al municipio con 700 millones de dólares en impuestos y 1.5 millones de dólares anuales (al cambio actual) en regalías durante 25 años, la vida útil de La Colosa.

Sin embargo, los habitantes fueron convirtiendo sus recelos en indagaciones y luego en argumentos. “Nos alertaron los hallazgos en los proyectos de AngloGold en el sur de Bolívar, plagados de amenazas a sus habitantes y daños ambientales irreparables”, cuenta Yefferson Rojas, integrante de Cosajuca, Colectivo Socio-ambiental juvenil que lleva una década haciendo activismo en su región.

“Gracias a ONG internacionales varias personas del municipio viajaron a Brasil, al estado Mina Gerais, famoso por recientes tragedias causadas por desechos mineros. Todas esas investigaciones las compartimos con la población, puerta a puerta, finca a finca, con cine foros. Fue un proceso de despertar de la comunidad para pasar del deslumbramiento por el dinero a comprender el real impacto que tendría esa mina”, explica.

En ese marco nació la Marcha Carnaval en 2011, un encuentro a punta de música, arte y pacifismo en el que los promotores lograron que el mensaje por la defensa de la vocación agrícola del municipio tomara fuerza. Ocho años más tarde, la Marcha se extendió a 80 municipios colombianos. Todas estas iniciativas decantaron en la búsqueda de una consulta popular en Cajamarca, amparados en la Constitución de 1991 y que, a pesar de cientos de trabas, vio la luz ese domingo soleado de 2017. Ese día lograron decirle no a la minería en su territorio.

Sin embargo, hasta hoy los pobladores de Cajamarca recuerdan lo doloroso y violento que fue el proceso. Amenazas con panfletos, correos, llamadas e intimidaciones, varias de estas firmadas por las Águilas Negras —presunto grupo narcoparamilitar que, según expertos, entre ellos la Fundación Paz y Reconciliación, dejó de existir como estructura criminal en 2011 y ahora su nombre sirve como fachada para encubrir a autores intelectuales de amenazas y crímenes diversos—. También hubo muertes, como detalla Yefferson. Dos muchachos de Cosajuca, Camilo Pinto (2013) y Daniel Sánchez (2014), fallecieron en extrañas circunstancias. El primero fue asesinado con arma blanca en una aparente riña personal con alguien que nadie conocía y el segundo fue hallado muerto luego de ocho días de estar desaparecido.

Cosajuca, que ha seguido de cerca estos casos, apunta a que ambos fueron crímenes motivados por el activismo de los dos jóvenes. Sin embargo, ninguno figura en informes gubernamentales ni de ONG internacionales como líderes ambientales asesinados. Por eso, Alejandro García, coordinador de derechos humanos del Comité Ambiental por la Defensa de la Vida —organización social y ambiental del departamento de Tolima— asegura que, la disparidad de cifras en casos de amenazas y muertes de defensores de los territorios es solo la punta del iceberg del desamparo al que están sometidos por parte del Estado.

El juego de la ruleta

El Comité asesora colectivos ambientales en Tolima y labora actualmente con unas 18 organizaciones que están oponiéndose a diferentes proyectos mineros. “El subregistro en cifras de amenazas y muertes que maneja el gobierno y las organizaciones es consecuencia lógica del desinterés institucional. Hablamos de regiones donde hay delincuencia común, problemas de convivencia. Cada denuncia de la que tenemos conocimiento, o asesoramos jurídicamente, tiene su debido contexto para que pueda desmarcarse de estas situaciones genéricas y recibir atención diferencial. Sin embargo, las autoridades desestiman esto”, explica García.

Según el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, desde 2016 se tiene evidencia de seis líderes sociales asesinados en Tolima y la Defensoría reportó el año pasado 20 líderes amenazados —dedicados a diversas luchas—. Esta cifra dista mucho de las 72 personas dedicadas concretamente a la defensa del medio ambiente que han presentado algún riesgo debido a su labor, según los registros del Comité Ambiental en 2018.

Alejandro García está acompañado, entre otras personas, por Renzo García, un biólogo ibaguereño que fue abanderado en el proceso de la consulta en Cajamarca y además es uno de los líderes ambientales más reconocidos en la actualidad en el país. Ellos y varios compañeros del Comité tienen un extenso historial de amenazas e intimidaciones en su contra. Aun siendo las caras visibles del movimiento ambiental en Tolima padecieron la burocracia durante meses antes de recibir algunas medidas de seguridad.

Hoy el peligro que enfrentan es latente y aún recuerdan cuando en 2012 decidieron acudir a la Fiscalía. Allí les dijeron que si eran líderes ambientales tenían que ir a la Unidad Nacional de Protección (UNP), reconocerse como organización social y acreditar su condición. Al no tener personería jurídica, la UNP los envió a la secretaria de gobierno de Tolima y esta los mandó a la Defensoría, que una vez vio que se trataban de amenazas les dijo que debían volver a la Fiscalía. “Jugaron a la ruleta con nosotros, mandándonos de un lado a otro durante otros siete meses hasta que logramos sacar personería jurídica y de inmediato nos dieron medidas de seguridad […] Bueno, algo es algo”, dice sonriente pero resignado Alejandro García.

Lo que les brindó la UNP fue un chaleco antibalas, un celular y, cuando se presentaron dos hechos graves —uno de ellos un intento de allanamiento a la sede de la organización—, les dieron también un botón de pánico.

Por lo demás no existe ni para ellos ni para ningún caso cercano o del cual tengan conocimiento medidas preventivas que ayuden a aminorar el riesgo.

La esquina de la esperanza

Si Anglo Gold hubiera salido airosa de la consulta minera, habría extraído, según sus propios cálculos, dos millones de onzas de oro anuales. Es decir, hubiese sido la segunda mina del mundo más productiva por año, solo superada por Muruntau en Uzbekistán.

La situación, según explica el biólogo Renzo García, es que el oro que pretendían sacar en La Colosa es diseminado. Es decir, “encontrarían una onza de oro por cada seis toneladas de roca”. Además, explica, la roca también posee sulfuro de hierro que al estar expuesto al aire se transforma en ácido sulfúrico, lo cual causaría un gran impacto en las aguas, con el agravante de que Cajamarca está ubicada en una cuenca hídrica que articula a seis municipios. Adicional a esto, estas aguas surten al mayor distrito de riego de Colombia, utilizado por los cultivos de arroz que alimentan a gran parte del país.

El director de Cortolima —autoridad ambiental en el departamento—, Jorge Enrique Cardozo, resalta el impacto que podría sufrir el recurso hídrico del departamento con la realización de un proyecto minero como La Colosa. “Para explotar el oro, la mina se ubicaría en la cabecera de la cuenca alta del río Coello, que es la que le surte agua al 60 % de los tolimenses, estimados en un millón 200 mil habitantes”.

De las 515 hectáreas que abarcaría la explotación aurífera, 50 pertenecen a territorio de páramo, lo cual sería, conforme explica Cardozo, no solo devastador para los habitantes de los municipios en zona de influencia sino una pérdida irreparable en cuanto al banco genético que alberga la reserva forestal que toca dicho territorio. Un centenar de especies de aves —gran parte de estas amenazadas— confluyen en la región, al igual que 70 especies de anfibios.

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